jueves, 14 de febrero de 2013


PRESUPUESTO PUBLICO EN VENEZUELA

El presupuesto público se corresponde a una herramienta financiera, económica y social  que permite a la autoridad económica de un país programar y proyectar los ingresos y gastos públicos, con el fin de que sean cercanos a la ejecución. Se elaboran enfocados en un conjunto de principios, normas y procedimientos que rigen todo proceso presupuestario en los entes y órganos del sector público, es decir, un sistema formal mediante el cual se elabora, aprueba, coordina, controla y evalúa la elaboración pública de bienes y servicios, y se logra la programación de objetivos, metas, volúmenes de trabajo, recursos reales y financieros, que justifican y permiten el logro de todos los objetivos planteados por la autoridad.

En este contexto, el presupuesto se puede ver como la expresión financiera de un plan de gobierno, pero también como un instrumento del sistema de planificación del sector público, que refleja una política presupuestaria única que genera un proceso de materialización por etapas de las actividades de referido sector: formulación, discusión y aprobación legislativa, ejecución y evaluación, de las cuales se puede deducir el impacto y peso en la economía de las actividades del gobierno; el grado de eficiencia de la intervención pública; y permite desarrollar el control e identificación de responsabilidades en las instituciones públicas (unidades y funcionarios) que ejecutan recursos.

El presupuesto público implica (a) fijar metas específicas; (b) ejecutar planes para alcanzar las metas y (c) comparar en forma periódica los resultados reales de las metas. Estas metas incluyen tanto los objetivos a nivel global del Estado como las metas  específicas de las unidades individuales que lo conforman, además el presupuesto presupone igualmente una planificación, organización, coordinación y control.

El presupuesto público es un instrumento fundamental en la vida del Estado moderno ya que proporciona
estándares cuantitativos  con respecto a los cuales se puede medir y comparar los recursos del Estado, esto en razón de que le permite al Poder Ejecutivo y a la Administración Pública dar cumplimiento a los cometidos sociales

El presupuesto es el documento más importante en la vida del Estado, ya que sintetiza la política integral del gobierno y constituye, considerado en forma integral, una herramienta que dirige la economía nacional, según se planifique un déficit o superávit. Desde el punto de vista político el presupuesto público refleja el plan del gobierno y la tendencia del mismo está determinada desde el punto de vista político por la autoridad que elabora el presupuesto, el Ejecutivo y la que lo aprueba, que es el Poder Legislativo.

En la República Bolivariana de Venezuela, los municipios forman parte de la división político- territorial y dentro de ellos se organizan en Consejos Comunales que tienen como propósito servir de espacios de participación de la comunidad a objeto de elevar peticiones a las autoridades Municipales. En los Municipios, el presupuesto público permite la satisfacción de las necesidades de las comunidades, así como los gastos de operatividad de la entidad. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha reconocido la participación ciudadana en la gestión pública, inclusive en la actividad presupuestaria, lo cual es un gran avance para la satisfacción de las necesidades de la población y la solución de problemas de interés público. El “presupuesto participativo municipal”, le permite a la población involucrarse en la definición de las prioridades de inversión pública local en la discusión y aprobación del presupuesto público del municipio y en el control de su ejecución.

La Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, es un instrumento que contribuye con el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana porque tiene como propósito integrar a la ciudadanía en la actividad presupuestaria que forma parte de la vida misma del Estado.

En Venezuela el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013 se plantea como un instrumento de política económica que intenta validar las futuras actividades del sector público nacional dentro un proceso de coordinación de la actividad legislativa y ejecutiva que permite solventar las etapas de formulación, discusión y aprobación por las que debe pasar todo presupuesto, dentro de un entorno que subestima las etapas de ejecución y evaluación del proceso de planificación del sector público.

Según el ministro de Planificación y Finanzas, Jorge Giordani, el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013 asciende a 396.4 millardos de bolívares y de este total, la inversión social será de 147.8 millardos de bolívares. El monto equivale a 92.186 millones de dólares, lo que significa un incremento de 33,1% respecto al 2012. A razón de esto, se reduce el rol ejecutor a partir de la subestimación de las variables macroeconómicas consideradas en la estimación de los montos de ingresos y gastos públicos: precio de exportación del barril de petróleo: 55 dólares; tipo de cambio: 4,30 bolívares por dólar; variación del producto interno bruto real: 6%; y variación del nivel general de precios entre 14 y 16 puntos porcentuales. . Se incentiva, para corregir insuficiencias y alcanzar objetivos propuestos, el uso de los nuevos mecanismos como es el uso de los recursos disponibles en Fonden, Bandes, el Fondo Conjunto Chino Venezolano y los Otros Fondos Nacionales, que surgen del endeudamiento directo nacional o del direccionamiento de los recursos petroleros no considerados en el proyecto de presupuesto. El Presupuesto Nacional 2013 destinara la mayor parte de la renta petrolera a la inversión social para saldar la deuda acumulada y se continuara invirtiendo en proyectos estratégicos en materia ambiental, agrícola, infraestructura, petróleo y energía. A este respecto el Gobierno insiste de mantener el criterio de manejar los pasivos, de manera responsable y coherente con el desempeño de los indicadores macroeconómicos de la nación, lo cual se evidencia en la estabilización del cociente deuda al Producto Interno Bruto (PIB) con signo de sostenibilidad fiscal.

Econ. Neyda Rojas R

LA PLANIFICACIÓN DEL SECTOR PUBLICO VENEZOLANO

La planificación es un concepto bastante familiar al desarrollo social que ha acompañado la evolución de los órganos de la administración pública, asociado a una proyección, trayectoria y conducción futura; donde hoy, cada vez más se asemeja a conceptos estratégicos. La planificación se ha ido configurando en su campo de actuación como un proceso consciente de determinación en cuanto a la acción que se propone seguir cumpliendo con una sociedad constituida; en estas bases se podría planificar el rumbo de un país. La planificación se presenta en la administración pública como la mejor vía que se relaciona con el proceso de desarrollo, pero no solo se trata de la relación entre dos procesos el de planificación y el desarrollo, sino también de una relación entre grupos humanos donde los actores principales son los grupos sociales organizados.

La situación que vive la sociedad actual, demanda la reorganizar las funciones del Estado, donde se logre establecer verdaderas prioridades y se aproveche en forma eficiente todos los recursos tanto materiales, como humanos, naturales, económicos, técnicos entre otros, aplicándolos eficientemente para alcanzar un mayor nivel de felicidad siendo necesario resaltar que tal logro como uno de los objetivos del Estado debe procurar ser duradero en el tiempo.

El sentido estratégico de la planificación, se centra, en partir del estudio de la situación real que vive una determinada sociedad, y como resultado de ese estudio se pueda formar un diagnóstico el cual permita la elaboración de estrategias concretas que lleven al logro de objetivos esenciales con miras a un cambio sobre dicha situación. Desde el punto de vista general la práctica de la planificación estratégica, se ha extendido a todos los sitios y organizaciones, siendo indiscutible negar que hoy día, no haya un mandatario, un directivo, gerente o jefe; que no aplique un plan estratégico que guié o encamine al desarrollo de una nación, estado u organización; destacando que dicha práctica busque mayormente el pre activismo, es decir, se oriente hacia el futuro en busca de una mejor calidad de vida. Ahora bien, el que la sociedad forme parte de un mundo globalizado, requiere para la práctica de la planificación estratégica, conocer los fundamentos y bases de la administración y sobre todo la cultura socio-económica de la misma.

El Estado en el ejercicio de sus funciones amerita de la planificación para el logro de sus fines, Venezuela como sistema de gobierno democrático fundamenta constitucionalmente su régimen socio económico basándose en los principios de justicia social, democratización, eficacia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado toma en consideración el desarrollo individual, al establecer que la iniciativa privada conjuntamente con éste, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para asegurar una justa distribución de la riqueza; éste conjunto de principios y valores se aplican mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta. Propiciando así, que la administración pública en todos los objetivos que se trace deben proponer llevar siempre al desarrollo.

La iniciativa privada está orientada hacia la práctica de la planificación estratégica, el órgano planificador no puede determinar por si solo los objetivos sociales, en consecuencia, es vital generar mecanismos de participación necesarios para precisar las necesidades de la comunidad a la cual van dirigidas precisamente esos esfuerzos, y es que efectivamente, la persona humana hoy por hoy, es capaz de manejar métodos e instrumentos que le permitan participar en la evolución de los procesos sociales, adecuando objetivos y logrando satisfacer sus necesidades; y como no, teniendo en cuenta que a nadie escapa la idea de que los mejores resultados se logran cuando aquellos responsables del logro de objetivos pueden participar en el establecimiento de los mismos.

Un propósito adicional de la planificación estratégica consiste en coordinar los esfuerzos y los recursos dentro de la administración pública. Como parte de esa planificación en materia económica y social de la nación, se debe tener muy en cuenta el inventario de recursos y de los programas que han de ordenar esos recursos para atender las necesidades, relacionadas al desarrollo económico y al mejoramiento social del país. Muchas veces los casos de corrupción han llevado a algunos gobiernos a regular el uso de recursos, complicando el aspecto administrativo y financiero de sus acciones. Esta situación debe ser considerada en toda planificación, de manera que los mecanismos para controlar actos de corrupción no deben entorpecer la fluidez y oportunidad de los recursos que permitan conseguir los objetivos planteados por la administración para dar solución a las demandas sociales.

Por medio del Sistema Nacional de Planificación Pública se desarrollan las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, y a través de la constitución, se crean tres niveles de consejos de planificación; el consejo federal de gobierno encargado de la planificación nacional, el consejo estadal de planificación pública a quienes compete la planificación a nivel de las provincias o estados, y el consejo municipal de planificación pública encargados de la planificación local, por medio del cual y en virtud de la ley de los concejos locales de planificación pública se crean los consejos comunales y parroquiales como centro principal de la participación y protagonismo del pueblo en la formulación, ejecución, control y evaluación de las políticas públicas.

El consejo de planificación pública comunal conforma la unidad primaria del sistema de planificación nacional participativa, de ella se deriva la construcción de cada uno de los niveles que soportan el sistema ajustados al marco constitucional. La participación de los ciudadanos en el proceso de determinar prioridades en la gestión pública local permite avanzar en la construcción de sociedades más abiertas, transparentes, equitativa, democrática y participativa, donde se pueda reducir la discrecionalidad administrativa, la corrupción permita también vigilar y defender los intereses y las necesidades de los grupos más vulnerables. La ley orgánica de la administración pública establece la comisión central de planificación como el órgano superior de control y coordinación de la planificación centralizada de la administración pública.

Econ.Neyda Rojas R

CALIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA


Por encargo del CLAD, Joaquín Ruiz López preparó el documento “Calidad en la gestión pública: Del azar a la necesidad” para ser sometido a la consideración de la XIV Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de la Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en México, DF, el 31 de mayo y 01 de junio de 2012
Los comienzos de la década de los ochenta, en el siglo pasado, marcaron una época de cambios en la administración pública, promovidos a partir del cuestionamiento a escala internacional que permitió la introducción desde el ámbito empresarial de herramientas para el aseguramiento de los procesos y dinámicas favorecedoras de la innovación.
Según el autor, “La Administración Pública de los años ochenta necesitaba un replanteamiento para enfrentarse a retos como los reequilibrios presupuestarios y la intensificación de la competencia internacional, propia de la incipiente globalización, cuya principal implicación fue la demanda de un papel más activo de las Administraciones Públicas en el impulso a la actividad económica”.
A partir de 1983, se realizan los diversos procesos de reforma en Iberoamérica, articulados alrededor de las siguientes grandes líneas:
Reestructuración y desarrollo institucional de la Administración Pública
Programa de reforma integral del Estado
Descentralización político-administrativa
Reestructuración de empresas y servicios públicos
El advenimiento de la Nueva Gestión Pública. La importancia del cliente y los resultados
Bajo el nombre de “La administración pública al servicio del público” la OCDE, publicó el documento que pudiera considerarse el punto de inicio de la Nueva Gestión Pública. En ese documento se afirmaba: “Es ya un lugar común en todos los países de la OCDE que las reformas administrativas no pueden hacerse improvisadamente de una sola vez y en breve espacio de tiempo. Las reformas globales suelen conducir a metas irrealizables y a resultados frustrantes por afectar a demasiados intereses. Reformar la Administración es, por contra, una tarea diaria. No existe una sola medida o conjunto de ellas que haga el milagro de transformar la Administración y convertirla en un paraíso. La estrategia que en este punto recomienda la OCDE, y que es práctica habitual en casi todos los países, consiste en actuar sobre un número pequeño de elementos decisivos del problema, pero haciéndolo radicalmente, en profundidad, para que su fuerza de expansión repercuta positivamente sobre los restantes”.
Sostiene el autor que esto se realizó “a partir de una focalización de la organización administrativa hacia aspectos tales como la eficacia y la eficiencia, pero donde la gestión de calidad aplicada a los servicios públicos, cobraba una dimensión estratégica. En principio la Nueva Gestión Pública inducía a la posible búsqueda de alternativas más eficientes, por razón de coste o calidad de servicio, que la provisión directa por parte de las Administraciones Públicas. A todo ello habría de sumarse un imperativo hacia la rendición de cuentas a la sociedad, que debía ser plenamente conocedora de la relación entre los recursos utilizados y los resultados obtenidos.”
La Gestión de Calidad como una de las principales estrategias de modernización de la Administración
Así, en las Administraciones Públicas y bajo la bandera de la Nueva Gestión Pública, la Gestión de Calidad, pareció hacerse necesaria, por su capacidad para dar respuesta a unas Administraciones que debían relegitimarse a partir de la prestación de más y mejores servicios públicos con criterios de eficiencia en su actuación.
El enfoque de gestión de calidad implicó un cambio cultural importante. Se trataba de pasar del concepto de administración al de gestión. “Administración significa dirección, ordenación, cuidado de un asunto o, más específicamente, gobierno, ejercicio de autoridad o mando sobre un territorio y las personas que lo habitan. En cambio, gestión significa actuar para conseguir algo. En este sentido, gestión pública es un enfoque que utiliza técnicas gerenciales para incrementar la rentabilidad de los servicios públicos.”
En síntesis, de acuerdo al autor, los aportes de la gestión de calidad se pueden resumir así:
En primer lugar, la incorporación de dos conceptos básicos: la orientación al “ciudadano-cliente” y la mejora continua, como criterios inspiradores de la gestión de los servicios públicos. La gestión de calidad comenzó a dotar a la Gestión Pública de un carácter dinámico frente al estático que sustentaba el anterior paradigma. Las demandas y expectativas de la ciudadanía cambian (generalmente al alza), por lo que la Administración habría de adaptarse a esos cambios.
En segundo lugar, la gestión de calidad proporcionó a las Administraciones Públicas un lenguaje común para la gestión. Lenguaje que además concordaba con el utilizado en el sector privado con lo que dio comienzo un transvase de conocimientos permanente y una corriente de colaboración entre ambos sectores, que ha devenido en las actuales estrategias de colaboración público-privada en forma de “partenariados” o proyectos conjuntos.
Además la gestión de calidad contribuyó a la profesionalización de la administración pública, implantando mejoras y midiendo los resultados. La incorporación progresiva de la evaluación del desempeño está suponiendo un notable esfuerzo, pero que resulta necesario para determinar el valor de las actuaciones públicas. En el caso de los servicios públicos los gestores comenzaron a tener presente la idea de la calidad integral de los servicios que estaban produciendo y su adecuación a los objetivos de los mismos.
Sostiene el autor que “la Administración Pública ha atravesado varias fases en un ciclo que, desde la matización de los presupuestos iniciales de la Nueva Gestión Pública, ha dado lugar a un avance sustantivo en la mejora y democratización del acceso a los servicios públicos.”
Las fases de tal ciclo podrían esquematizarse del siguiente modo:
Primera Fase (1985-1995): que pone el énfasis en la eficiencia y el ahorro de costes para conseguir una extensión y mejora de los servicios a la ciudadanía.
Segunda Fase (1995-2008): centrada en la mejora del rendimiento global de las organizaciones (excelencia) para optimizar los servicios que prestan.
Tercera Fase (2008…): que parte del enfoque de la excelencia en la gestión para incorporar más decididamente la eficiencia y el ahorro para la sostenibilidad.
La Gestión de Calidad y la Sostenibilidad Social
El autor se aventura en este difícil tema y, sin evadirlo avanza en “dos tesis: la primera, que el concepto de sostenibilidad en la administración pública está íntimamente ligado al de calidad de los servicios públicos. La segunda, que la sostenibilidad de la administración pública es solidaridad futura, durabilidad y eficiencia a largo plazo, por lo que no debe entenderse ni centrarse excesivamente en una de sus tres facetas, la medioambiental. Este lado del triángulo es insostenible si no se conjuga con los otros dos: el económico y el social.”
Eficiencia para la Sostenibilidad Económica
Otro tema delicado de tratar es el de relación entre la eficiencia y la sostenibilidad económica. Aquí el autor sostiene que “la Administración Pública gracias a la gestión de calidad ha podido dotarse de un nuevo discurso que le ha permitido relegitimarse y poner en valor su actividad, no ya como mera productora de servicios públicos, sino también como responsable de facilitar un marco necesario para el desarrollo económico equitativo y generar prosperidad. Una Administración Pública, por otra parte, capaz de favorecer la estabilidad institucional, la credibilidad de los compromisos entre los distintos actores económicos, así como favorecer las condiciones de competencia.”
Gestión de Calidad y Sostenibilidad Medioambiental
Sobre este particular, el autor cita a Parrado y Loffler, (2011) para afirmar que “Existe una variedad notable de marcos de medición de la sostenibilidad (GRI, IWA4, ISO/DIS 26000), por lo que es probable que el desarrollo de un nuevo marco a partir de cero aporte poco valor. Por el contrario, sería recomendable elaborar un marco común de medición de la sostenibilidad basado en planteamientos que ya son de uso generalizado, diseñando así un marco «suave» de sostenibilidad para la Administración Pública, adecuado para la evaluación interna y la elaboración de informes externos. Este instrumento que debería ser capaz de integrar la sostenibilidad en el sistema de gestión del desempeño de cualquier organismo público y podría ser compatible con el uso de los Modelos de Excelencia.”
LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD AL MARCO NORMATIVO. EL DERECHO A LA GESTIÓN DE CALIDAD
A pesar de que lógicamente existe un desarrollo dispar entre los diferentes países, puede afirmarse que la Gestión de Calidad se encuentra mencionada en la práctica totalidad de los ordenamientos jurídicos iberoamericanos. Este hecho ha sido posible tras una razonable consolidación de los cimientos institucionales de las Administraciones Públicas Iberoamericanas. Así, la calidad ya forma parte del primero de los principios de la Administración Pública, cual es el principio de legalidad. Cabe decir en otras palabras que la Gestión de Calidad se ha convertido en un derecho, invocable por sus ciudadanos y que refleja la garantía de seguridad jurídica frente a la discrecionalidad para demandar una Gestión Pública de Calidad.
DECÁLOGO DE PROPUESTAS PARA SEGUIR AVANZANDO
Convencido de que los países iberoamericanos requieren de una administración pública “imparcial, eficaz, eficiente, sostenible, legítima e íntegra…”, el autor elabora un conjunto de proposiciones que presenta a manera de decálogo con la intención de continuar “con el impulso a la Gestión de Calidad, facilitar su implantación y generar valor en las Administraciones Públicas Iberoamericanas:
1. Incorporar explícitamente la Gestión de Calidad en los programas y acciones de Gobierno y establecer las estrategias, estructuras y mecanismos necesarios para implantarla en las administraciones públicas.
2. Hacer una Administración innovadora, accesible, abierta y cercana a la ciudadanía, mediante la simplificación administrativa y el acceso electrónico a los servicios públicos, sobre la base de la gestión por procesos y del conocimiento, del desarrollo de equipos y redes de trabajo, así como de la interoperabilidad entre administraciones públicas y con otras entidades.
3. Construir una Administración económicamente eficiente y sostenible, por medio de la implantación de sistemas integrales de planificación, gestión y control, la racionalización de estructuras administrativas y planes de eficiencia y austeridad.
4. En un entorno de gobierno multinivel, es necesario adoptar fórmulas organizativas y de coordinación interadministrativa que garanticen la ejecución efectiva de las políticas de calidad y mejora de la gestión en los distintos niveles, sin menoscabo de la descentralización política y administrativa.
5. No es posible la mejora de la gestión pública, el logro de una Administración con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad sin la aplicación sistemática y permanente del análisis y evaluación de las normas, programas, planes y políticas públicas.
6. Una Administración democrática, una Administración al servicio de la ciudadanía debe garantizar no sólo el acceso a sus servicios, sino la intervención participativa de aquella en su diseño, desarrollo y evaluación.
7. Ninguna reforma de la gestión pública es viable sin contar con su elemento vivo e inteligente. El desarrollo de las capacidades de las empleadas y los empleados públicos resulta vital, condición sine qua non para una gestión pública de calidad.
8. Las organizaciones públicas deben manifestar fehacientemente su compromiso con la ciudadanía en general y con sus usuarios en particular de diversas maneras, pero hay una que lo expresa de forma singular, que son las Cartas de Servicios o Cartas de Compromisos.
9. Las organizaciones públicas, como se ha visto, deben estar orientadas a la ciudadanía, dirigidas con inspiración y servidas por personas capacitadas, pero para estabilizarlas, para asegurar su sostenibilidad es precisa la adopción sistemas de gestión de la calidad (Modelos excelencia o Normas ISO).
10. Todo lo que se haga, todo lo que se haya mejorado poco vale si no se pone en conocimiento de su beneficiaria, que es la ciudadanía. Por eso, la implantación de mecanismos formales de rendición de cuentas a la Sociedad constituye el broche sin el cual quedaría incompleto y vulnerable el ciclo de las nueve propuestas anteriores.


Yadira Zerpa Vielma

UN PRESUPUESTO NADA TRANSPARENTE

-->
La transparencia presupuestaria es el tema central que aborda el artículo “Un presupuesto nada transparente” cuya autora es Silvana Pezzella A., y fue publicado en la revista VenEconomía correspondiente a enero de 2008. Este artículo aborda ampliamente el tema y valida algunas recomendaciones formuladas por Transparencia Internacional.
El estudio en cuestión afirma que La “transparencia presupuestaria” requiere un marco regulatorio y prácticas claras en la formulación, ejecución, y control presupuestario público”. A partir de esa definición, se siguen algunas afirmaciones que demuestran que en Venezuela hay ausencia de “Transparencia presupuestaria”. Veamos

El marco regulatorio de la transparencia presupuestaria en Venezuela está determinado por la existencia de las siguientes leyes:
1. Constitución de la República (Artículos 311-315)
2. Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público y sus Reglamentos e Instructivos
3. Ley del Fondo de Estabilización Macroeconómica
4. Ley Orgánica de Planificación.
5. Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
6. Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública.
7. Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación.
8. Ley Orgánica de Administración Pública
9. Ley de Licitaciones
10. Estatuto de la Función Pública
11. Ley contra la Corrupción
12. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
13. Ley del Banco Central de Venezuela
14. Decreto con Rango y Fuerza de Ley sobre Simplificación de Trámites Administrativos a los Órganos de la Administración Central
15. Ley de los Consejos Comunales

Establece el estudio que, el marco regulatorio se hace complejo afectando “sensiblemente la formulación, ejecución, fiscalización y control de la actividad presupuestaria venezolana”.

Es el presupuesto nacional la fuente principal que financia a los órganos del Poder Público Nacional. El correcto análisis del presupuesto permite determinar qué actores sociales ganan y quienes pierden en la distribución del presupuesto. Es una condición clave que la disponibilidad de la información presupuestaria beneficia la rendición de las finanzas gubernamentales, además de incentivar la participación informada de la sociedad civil. “La transparencia en los procesos presupuestarios permite conocer el grado de efectividad del gasto público, su eficiencia, así como la posibilidad de detectar casos potenciales de corrupción.”

El índice general de transparencia 2007

El estudio ya referido establece como premisa de evaluación el índice de transparencia 2007 y lo define así: “El Índice General de Transparencia, elaborado por Transparency International, es un índice de percepciones que se construye a partir de una encuesta realizada a un grupo de expertos y analistas de la información presupuestaria. El Índice califica a los países en una escala del 1 al 100, donde uno, significa nada transparente y 100, indica completamente transparente. En Venezuela, el estudio estuvo a cargo de Transparencia Venezuela, (asociación civil sin fines de lucro, capítulo en Venezuela de Transparency International.”

Este estudio se realizó para nueve países de América Latina arrojando como resultado que Venezuela se ubicó en la última posición antes de la consulta a los expertos y posterior a ella, con 41 puntos antes de la aplicación de la encuesta y 33 puntos después de su aplicación

Pésimo control en la ejecución presupuestaria
Una de las afirmaciones que establece en estudio es que en Venezuela no existe la separación de los poderes públicos, pues todos ellos están dominados y controlados por el principal partido de gobierno. Tanto la Asamblea Nacional (Poder Legislativo), poder con funciones de formulación y control del presupuesto como la Contraloría General de la República (órgano del Poder Moral) con facultades de control, fiscalización y sancionatorios, se muestran complacientes con la actuación del Poder Ejecutivo en la administración presupuestaria.

¿Cómo lograr un presupuesto transparente?
Por considerar de mucho interés, a continuación transcribimos las recomendaciones que realiza el estudio realizado por Transparencia Venezuela para lograr el propósito de alcanzar un presupuesto transparente.
Reformular y fortalecer todo el sistema de control fiscal, para que se establezca un sistema apropiado e independiente de control interno, de control externo, procesos claros de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos y sanciones oportunas de los funcionarios públicos que infrinjan el marco legal.
El nuevo sistema de control fiscal deberá contemplar mecanismos de evaluación integral del gasto público, y promover acciones de evaluación del desempeño de la función pública y el análisis del impacto de las políticas públicas, en todos los niveles de gobierno.
Establecer mecanismos expeditos para hacer seguimiento efectivo a las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos y poder detectar enriquecimientos no explicables. Redefinir el rol de la Contraloría General de República, fortaleciendo sus capacidades y garantizando su independencia.
El Poder Ejecutivo debe tomar medidas para eliminar el gasto extra presupuestario. La Asamblea Nacional como órgano de control del Poder Ejecutivo y la Contraloría General de la República deben propiciar la concreción de esta recomendación.
El Poder Ejecutivo debe diseñar e implantar un sistema de indicadores de desempeño que permita mejorar la asignación de recursos presupuestarios, logre una mayor vinculación de la planificación con el presupuesto y facilite el control y la evaluación del presupuesto.
El Poder Ejecutivo debe tomar medidas que permitan reducir la rigidez del gasto público, a los fines de mejorar los mecanismos de asignación de recursos.
El Poder Ejecutivo debe dejar de subestimar las proyecciones de los ingresos petroleros en el Proyecto de Presupuesto. Los gobernadores de estados y los alcaldes con el apoyo de la AN, deberán exigir al Poder Ejecutivo el cumplimiento de esta recomendación, ya que al subestimar los ingresos ordinarios, los recursos asignados a los estados y municipios resultan menores a los que por Ley les corresponden.

Yadira Zerpa Vielma


MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PÚBLICA


-->
Modernización de la Gestión Pública.
Necesidad, incidencias, límites y críticas
Bajo el título de “Modernización de la Gestión Pública. Necesidad, incidencias, límites y críticas” se trata, fundamentalmente, el tema de la Nueva Gestión Pública en artículo publicado en el número 6 de la Revista Pecvnia correspondiente al año 2008 bajo la responsabilidad editorial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León en España.


Surgimiento y desarrollo de la Nueva Gestión Pública
El siglo XX tuvo eventos que marcaron de manera decisiva el desarrollo de la sociedad moderna, de ellos, dos resultaron marcadores del inicio de la Nueva Gestión Pública: La Gran Depresión de los años 30 y, la Segunda Guerra Mundial. Más allá de toda valoración histórica, política y de consecuencias económicas y sociales es menester reconocer que tuvo un impacto legitimador del papel del Estado en la intervención de los hechos de la sociedad en general y, de manera particular en los hechos económicos. Según los autores de este artículo “su consecuencia más evidente ha sido un cambio de orientación centrado, por una parte, en la ampliación de la capacidad institucional (desde el punto de vista cualitativo no cuantitativo) y, por otra, en la eficacia de la acción estatal para atender las necesidades de la población y el buen funcionamiento de los mercados.” Además señalan que “otra de las razones fundamentales que contribuyen a que no se pueda prescindir del Sector Público es que éste o las entidades que lo forman deben aportar a la comunidad económica las bases necesarias para mejorar su competitividad en una economía global.”
No obstante esa necesidad, se ha producido un acuerdo generalizado entre pensadores, académicos e investigadores en relación a la creencia de que el Sector Público “ha desarrollado una serie de disfunciones que tienen como resultado más significativo la falta de adaptación de las organizaciones públicas al contexto socioeconómico actual, lo que unido al incremento de su tamaño, de la actividad y del gasto público, ha ocasionado un aumento de la demanda de responsabilidad pública por parte de los ciudadanos.”
Superar esas disfunciones le planteó al propio Sector Público la urgencia de sumergirse en un profundo proceso de revisión y reforma con el propósito de pasar de una administración asistencialista soportada en la entrega de un conjunto de prestaciones y servicios de manera gratuita a ser una administración más adecuada al actual contexto mundial.
En resumidas cuentas “significa pasar de la cultura administrativa del gasto a la conciencia del coste, de la cultura del monopolio a la cultura de la competencia, de la cultura del ciudadano-servidor a la cultura del ciudadano-cliente, de la cultura de la burocracia a la cultura de la adaptación, de la flexibilidad, de la preocupación por la productividad y de la calidad en la provisión de los servicios, lo que obliga a la Administración a ser competitiva en el mercado”.
Este es el cambio en la visión de la Administración Pública que Hood (1991) denominó Nueva Gestión Pública y que ha merecido, en la misma consideración, importantes aportes de otros teóricos y además, el interés de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “Estas instituciones han puesto de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una transformación intensa de la Administración Pública, mediante la revisión de sus fines y formas de funcionamiento y la creación de nuevas estructuras organizativas y funcionales que permitan cambiar las políticas y costumbres para adecuarse a los cambios rápidos que se están produciendo en la sociedad”
Los cambios recientes en el entorno del Sector Público colocó sobre el tapete la necesidad perentoria de “renovar la organización y las normas administrativas con el objetivo de conseguir una Administración Pública más moderna y competitiva.”
El origen de las reformas y, las reformas mismas se pueden explicar resumidos en los siguientes factores:
Factores económicos. Hacen referencia a la necesidad de ajustar los presupuestos tras la crisis del petróleo en los años setenta, a los problemas financieros con los que deben enfrentarse los gobiernos y a los desequilibrios presupuestarios.
Factores de carácter ideológico. Aquellos factores que influyen en la modernización de la gestión pública se centran básicamente en: (1) una mayor orientación hacia el ciudadano entendido como cliente, con la posibilidad de elegir libremente al suministrador del servicio y prestando mayor interés a sus necesidades y derechos; (2) una cada vez más clara separación entre la política y la gestión, diferenciando así, tanto sus responsabilidades como el papel a desempeñar por los distintos colectivos (políticos y gestores) y poniendo las tareas ejecutivas en manos de organizaciones creadas expresamente para ello; y, (3) el cambio de la posición ideológica en la división de roles entre el Sector Público y el Sector Privado, a través de nuevas formas de prestación de servicios públicos o fórmulas más cercanas a las técnicas de mercado en competencia con las empresas privadas.
Factores tecnológicos. Dentro de éstos hay que destacar principalmente el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. La Administración Pública no puede quedar al margen de esta nueva «sociedad de la información», debe modernizarse continuamente adaptándose a las nuevas tecnologías a fin de mantener en todo momento la competitividad, optimizar la calidad de los servicios y mejorar su relación con los usuarios.
La tendencia hacia la NGP ha suscitado controversias que han dado lugar a numerosos problemas a la hora de su adopción generalizada. Algunos autores ven la NGP como una nueva forma de entender y de llevar a cabo las funciones en el Sector Público, es decir un cambio de paradigma, otros la conciben como una adopción simplista de las peores características de la gestión privada, no teniendo en cuenta las diferencias existentes entre ambos sectores.
La Nueva Gestión Pública, en su interés por modernizar la Administración Pública ha generado dos corrientes o formas de gestión. Ellas son: el enfoque neopúblico y el enfoque neoempresarial.

El enfoque neopúblico
Las características principales de esta corriente son: a) reforzar el concepto de ciudadanía, buscando recrear la legitimidad política; b) potenciar los valores de lo público, creando una cultura en la eficacia y eficiencia y en la ética; c) reconocer nuevos derechos a los ciudadanos; d) conseguir la satisfacción de los ciudadanos; e) actuar con principios como la universalidad y la igualdad y no como el economicismo y la gestión; f) incrementar la calidad y el número de servicios públicos; f) definir claramente aquello que se puede o no se puede externalizar, desde la perspectiva de las necesidades y derechos de los ciudadanos.

El enfoque neoempresarial
Pone énfasis en la economía, la eficacia y la eficiencia de las entidades públicas, al mismo tiempo que propone una clientelización de los ciudadanos.
Las características más destacadas de la corriente neoempresarial son: a) el Estado Relacional y la sociedad del bienestar, más que el Estado intervencionista y del bienestar; b) fomento del cambio de cultura en el interior para pasar de proveedor a intermediario; c) adopción del lenguaje y los conceptos del Sector Privado; d) acortamiento de las distancias en las relaciones entre Administración y ciudadanía; e) fragmentación en unidades más pequeñas con creciente autonomía en la gestión económica, patrimonial, laboral, etc.; f) materializaron a través de organismos con formas jurídicas alejadas, en mayor o menor grado, del Derecho Público.

Los límites teóricos de la Nueva Gestión Pública
Los teóricos defensores de la "Teoría de la Elección Pública" intentan reducir la Nueva Gestión Pública a una simple tecnología de reforma administrativa, en la cual los funcionarios no buscan el interés general, sino maximizar su utilidad personal, es decir, satisfacer sus intereses personales. También están aquellos autores comprendidos entre los economistas liberales o neoliberales que consideran que la Nueva Gestión Pública está asentada sobre dos hipótesis básicas con el objeto de reducir el Estado a la mínima expresión, dando lugar a dos limitaciones: la necesidad de introducir el mercado y la competencia en las Administraciones Públicas y, la voluntad de dar poder al usuario de los servicios.

Los límites prácticos de la Nueva Gestión Pública
Dentro de los límites prácticos destacan:
a) La descentralización de funciones y la delegación de poder a los agentes autónomos. La descentralización de funciones genera críticas, pues tiende a sobrecargar las organizaciones operativas con múltiples y, a veces, inconsistentes objetivos, creando una estructura desorganizada que a menudo avanza en diferentes direcciones al mismo tiempo.
b) La reforma de la gestión pública debilita el principio de «rendición de cuentas» al no existir, tal como se indica en el punto precedente, una coordinación entre la acción pública y los sistemas de información utilizados en cada nivel o agente autónomo.
Aun cuando Hughes (2003) está convencido de la mejora que supone la instauración de la NGP, acepta como válidas algunas críticas:
1. La base económica de la NGP. La aplicación de la Teoría Económica al Sector Público está mal concebida, puesto que no todos los individuos se comportan racionalmente y no todos los problemas gubernamentales son susceptibles de resolución a través de técnicas económicas, ya que éstas pueden presentar limitaciones ante ciertos problemas públicos.
2. La base en la gestión privada, debido a las grandes diferencias que existen entre el Sector Privado y el Sector Público, como por ejemplo la dificultad de determinar objetivos y medir resultados en el Sector Público, la ausencia de un indicador de beneficio para medir la gestión realizada en el mismo, etc. Si bien, es cierto que muchos de los principios organizativos utilizados en la Administración Pública provienen del Sector Privado.
3. El "Neo-Taylorismo", reprochando la vuelta a la gestión científica basada en la estandarización del trabajo, dejando de lado las relaciones humanas.
4. La politización. Una vez reconocida la importancia de la política en la Administración, la politización no debe ser un gran problema, no obstante, un exceso de la misma acarrearía una excesiva politización de las actuaciones públicas.
5. La escasa responsabilidad. Todavía no están claros los límites y tareas de los miembros de la organización, a pesar de que existe una mayor transparencia en la gestión pública y se ha incrementado la responsabilidad respecto al sistema anterior.
6. Dificultades con el contracting-out. La implantación del contracting-out no es una tarea sencilla para el Sector Público, pero su consideración por parte de los gestores públicos como herramienta útil para la gestión de servicios públicos puede generar disminución de costes y beneficios para la entidad.
7. Necesidad de normas éticas. La NGP asume una cultura de honradez. Tal vez, al ofrecer mayor transparencia puedan detectarse más fácilmente comportamientos no éticos o corruptos que en el pasado.
8. Implantación y problemas morales, ya que el trabajo de establecimiento de la NGP es diferente al de pensar que es buena idea. En este sentido, la cúpula de las entidades ha realizado esfuerzos, pero sin prestar la suficiente atención a la implantación, falta de adiestramiento del personal y medios, y existe una mala percepción de los cambios por el ambiente de incertidumbre en que se han producido.
9. Especificación confusa de lo que significa la NGP o «managerialism». En algunos países dichos términos llegan a ser en algunos aspectos despectivos, particularmente en Gran Bretaña, donde existe cierta hostilidad hacia éstos a favor del término «managerialist reform», que traducido al español significa «reforma de la gestión».
CONCLUSIÓN
A continuación transcribo las que, a mi juicio, resultaron las conclusiones más importantes expuestas por los autores en este singular y denso trabajo sobre la Nueva Gestión Pública.
La necesidad de intervención por parte del Sector Público en la economía de cada país se justifica por el conocimiento de fallos en el mercado, como la reducida competencia en algunos sectores, las externalidades que generan determinadas actuaciones, los mercados incompletos, el paro, la inflación, los desequilibrios sociales y ambientales, la distribución desigual de la renta y riqueza, entre otros. El objetivo de dicha mediación es disminuir los efectos negativos que tales situaciones producen en la economía y, como consecuencia, en el bienestar de los ciudadanos.
La Nueva Gestión Pública es una respuesta a la necesidad de adaptación de la Administración Pública al entorno socioeconómico reciente, puesto que el Modelo Tradicional de gestión pública no responde a los cambios que se van produciendo en los distintos países. Esta nueva forma de gestión origina un cambio de orientación y de cultura dentro de la organización, dirigida hacia el ciudadano como cliente y está basada principalmente en el ahorro y reducción de costes, en la evolución de las tecnologías y en la mejora de la cantidad y calidad de los servicios públicos.
La introducción de la Nueva Gestión Pública en las Entidades Públicas Locales, como entidades prestadoras de servicios y más próximas a los ciudadanos, supone una repercusión en la concepción propia de la entidad, tanto en la organización como en la forma de actuación, contribuyendo a que sean más claras, más abiertas a los usuarios, más innovadoras y menos centralizadas.


Yadira Zerpa Vielma


Vinculación entre Planificación y presupuesto


¿Cuál es la vinculación entre Planificación y presupuesto?

La planificación es un elemento indispensable en cualquier ámbito de la vida personal y profesional de cualquier ciudadano en general.  Sin embargo, cuando hablamos de la planificación a nivel político y económico de un sector público, estamos hablando de la parte más fundamental de un Estado. Gracias a la planificación es posible establecer las prioridades en las que deberá ser invertido el presupuesto elaborado previamente, con vistas a un corto, mediano y largo plazo.

Por lo tanto, es precisamente de allí que surge la vinculación entre ambos conceptos, es decir, debe haber una planificación pautada, para poder definir los fines del presupuesto acumulado por el estado. Así mismo, el presupuesto con el que cuente el ejecutivo nacional, depende de muchos factores económicos, medidas que se han tomado dentro de la administración para obtener los recursos necesarios, a bien de poder satisfacer las necesidades básicas de un pueblo.

Los presupuestos deben ser presentados al ente encargado de aprobarlo, a fin de verificar si está enmarcado en las necesidades reales y las posibilidades económicas de la administración pública. Por otra parte la planificación es llevada a cabo a base de proyectos previos propuestos generalmente por el poder ejecutivo. De igual manera, es la contraloría general del Estado o nacional la que vela por que se invierta el presupuesto de acuerdo a la planificación.

Llama la atención que aun cuando un gobierno cuente con un  presupuesto bastante ostentoso, el uso adecuado y el crecimiento económico dependerán de la planificación que se haya propuesto para el uso del primero. En muchos casos, algunos gobiernos, dependiendo de su naturaleza, ideología y percepción de la realidad hacen uso de esos presupuestos para fines sociales, económicos, políticos o incluso para financiamientos de guerras.

Mientras tanto, en el caso particular de Venezuela, la administración pública ha venido sufriendo una serie de cambios organizacionales, con el fin de establecer prioridades en los sectores más desfavorecidos, creando misiones sociales que sirvan de intermediario para poder invertir el presupuesto nacional. Incluso se ha venido dando cabida a la participación del pueblo, proponiendo la creación de comunas, las cuales tendrán la oportunidad de percibir parte de ese presupuesto, para cubrir las necesidades de sus propias comunidades, de esta manera, se logra la vinculación entre la planificación, presupuesto y participación popular. A pesar del esfuerzo por un crecimiento económico, aun en muchos casos la planificación y el uso del presupuesto no logran seguir un mismo camino, lo que ha provocado en ocasiones que no se logre satisfacer las necesidades para las cuales se elabora el presupuesto nacional.

En síntesis, la estrecha vinculación entre estos dos conceptos: Planificación y Presupuesto público, es imperiosamente necesaria, ya que de cualquier forma, la una depende de la otra.

Lcda. Monica Vergara. 

miércoles, 13 de febrero de 2013

VINCULACION PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO PÚBLICO


Es importante para entender la planificación y el presupuesto público establecer la relación que existe entre ambas; ya que estos dos concepto se encuentran vinculados, y el ambito de la gestión pública uno resulta del otro. A través de la Planificación el Estado puede organizarse, haciendo uso de sus recursos de una forma eficiente para asi dar repuesta a los objetivos propuestos, en sus Planes Estratégicos, todo ello desde un punto de vista sitemático que permita lograr la mayor suma de felicidad. Por su parte el Presupuesto indica la manera en que el Estado obtendrá sus ingresos y la forma y lapsos en que realizará sus gastos.

El presupuesto público va irremediablemente de la mano de la planificacón pública. En la actualidad venezolana, en donde la participación ciudadana a traves de los consejos comunales es uno de los principios constitucionales que rigen a la Administración Pública, se hace necesario hablar del Presupuesto Participativo, mecanismo este que permite a las comunidadedes involucrarse en las políticas presupuestarias que se plantee el Estado ejecutar, esto con el fin de que los proyectos a realizarse a través de la Planificación y el Presupuesto realmente se basen sobre las necesidades de las comunidades. A través del presupuesto en el cual se logre involucrar a los ciudadanos y a las comunidades (consejos comunales) a fin de debatir, deliberar sobre las necesidades qie tienen sus comunidades y/o su entorno, y asi elaborar los proyectos que contribuyan a su solución.

La Planificación Presupuestaria responde a una política de gobierno establecida, no son montos que surgen sin razon, persiguen el logro de una serie de objetivos; de allí la vinculación entre planificacón y presupuesto, puesto que a través de la palnificación el los entes de Estado definen sus objetivos, políticas y acciones en un lapso determinado; y el Presupuesto permite ser el instrumento mediante el cual se estiman los montos que serán necesarios ejecutar para llevar a cabo los objetivos planificados y al mismo tiempo programar las fuentes para la obtención de esos recursos necesarios.


Edith Marby Gómez V.

jueves, 7 de febrero de 2013