Por
encargo del CLAD, Joaquín Ruiz López preparó el documento “Calidad
en la gestión pública: Del azar a la necesidad” para ser sometido
a la consideración de la XIV Conferencia Iberoamericana de Ministras
y Ministros de la Administración Pública y Reforma del Estado,
realizada en México, DF, el 31 de mayo y 01 de junio de 2012
Los
comienzos de la década de los ochenta, en el siglo pasado, marcaron
una época de cambios en la administración pública, promovidos a
partir del cuestionamiento a escala internacional que permitió la
introducción desde el ámbito empresarial de herramientas para el
aseguramiento de los procesos y dinámicas favorecedoras de la
innovación.
Según
el autor, “La Administración Pública de los años ochenta
necesitaba un replanteamiento para enfrentarse a retos como los
reequilibrios presupuestarios y la intensificación de la competencia
internacional, propia de la incipiente globalización, cuya principal
implicación fue la demanda de un papel más activo de las
Administraciones Públicas en el impulso a la actividad económica”.
A
partir de 1983, se realizan los diversos procesos de reforma en
Iberoamérica, articulados alrededor de las siguientes grandes
líneas:
• Reestructuración
y desarrollo institucional de la Administración Pública
• Programa
de reforma integral del Estado
• Descentralización
político-administrativa
• Reestructuración
de empresas y servicios públicos
El
advenimiento de la Nueva Gestión Pública. La
importancia del cliente y los resultados
Bajo
el nombre de “La administración pública al servicio del público”
la OCDE, publicó el documento que pudiera considerarse el punto de
inicio de la Nueva Gestión Pública. En ese documento se afirmaba:
“Es ya un lugar común en todos los países de la OCDE que las
reformas administrativas no pueden hacerse improvisadamente de una
sola vez y en breve espacio de tiempo. Las reformas globales suelen
conducir a metas irrealizables y a resultados frustrantes por afectar
a demasiados intereses. Reformar la Administración es, por contra,
una tarea diaria. No existe una sola medida o conjunto de ellas que
haga el milagro de transformar la Administración y convertirla en un
paraíso. La estrategia que en este punto recomienda la OCDE, y que
es práctica habitual en casi todos los países, consiste en actuar
sobre un número pequeño de elementos decisivos del problema, pero
haciéndolo radicalmente, en profundidad, para que su fuerza de
expansión repercuta positivamente sobre los restantes”.
Sostiene
el autor que esto se realizó “a partir de una focalización de la
organización administrativa hacia aspectos tales como la eficacia y
la eficiencia, pero donde la gestión de calidad aplicada a los
servicios públicos, cobraba una dimensión estratégica. En
principio la Nueva Gestión Pública inducía a la posible
búsqueda de alternativas más eficientes, por razón de coste o
calidad de servicio, que la provisión directa por parte de las
Administraciones Públicas. A todo ello habría de sumarse un
imperativo hacia la rendición de cuentas a la sociedad, que debía
ser plenamente conocedora de la relación entre los recursos
utilizados y los resultados obtenidos.”
La
Gestión de Calidad como una de las principales estrategias de
modernización de la Administración
Así,
en las Administraciones Públicas y bajo la bandera de la Nueva
Gestión Pública, la Gestión de Calidad, pareció
hacerse necesaria, por su capacidad para dar respuesta a unas
Administraciones que debían relegitimarse a partir de la prestación
de más y mejores servicios públicos con criterios de eficiencia en
su actuación.
El
enfoque de gestión de calidad implicó un cambio cultural
importante. Se trataba de pasar del concepto de administración
al de gestión. “Administración significa dirección,
ordenación, cuidado de un asunto o, más específicamente, gobierno,
ejercicio de autoridad o mando sobre un territorio y las personas que
lo habitan. En cambio, gestión significa actuar para conseguir algo.
En este sentido, gestión pública es un enfoque que utiliza técnicas
gerenciales para incrementar la rentabilidad de los servicios
públicos.”
En
síntesis, de acuerdo al autor, los aportes de la gestión de calidad
se pueden resumir así:
• En
primer lugar, la incorporación de dos conceptos básicos: la
orientación al “ciudadano-cliente” y la mejora continua,
como criterios inspiradores de la gestión de los servicios públicos.
La gestión de calidad comenzó a dotar a la Gestión Pública de
un carácter dinámico frente al estático que sustentaba el anterior
paradigma. Las demandas y expectativas de la ciudadanía cambian
(generalmente al alza), por lo que la Administración habría de
adaptarse a esos cambios.
• En
segundo lugar, la gestión de calidad proporcionó a las
Administraciones Públicas un lenguaje común para la gestión.
Lenguaje que además concordaba con el utilizado en el sector privado
con lo que dio comienzo un transvase de conocimientos permanente y
una corriente de colaboración entre ambos sectores, que ha devenido
en las actuales estrategias de colaboración público-privada en
forma de “partenariados” o proyectos conjuntos.
• Además
la gestión de calidad contribuyó a la profesionalización de la
administración pública, implantando mejoras y midiendo los
resultados. La incorporación progresiva de la evaluación del
desempeño está suponiendo un notable esfuerzo, pero que resulta
necesario para determinar el valor de las actuaciones públicas. En
el caso de los servicios públicos los gestores comenzaron a tener
presente la idea de la calidad integral de los servicios que estaban
produciendo y su adecuación a los objetivos de los mismos.
Sostiene
el autor que “la Administración Pública ha atravesado varias
fases en un ciclo que, desde la matización de los presupuestos
iniciales de la Nueva Gestión Pública, ha dado lugar a un
avance sustantivo en la mejora y democratización del acceso a los
servicios públicos.”
Las
fases de tal ciclo podrían esquematizarse del siguiente modo:
• Primera
Fase (1985-1995): que pone el énfasis en la eficiencia y el ahorro
de costes para conseguir una extensión y mejora de los servicios a
la ciudadanía.
• Segunda
Fase (1995-2008): centrada en la mejora del rendimiento global de las
organizaciones (excelencia) para optimizar los servicios que prestan.
• Tercera
Fase (2008…): que parte del enfoque de la excelencia en la gestión
para incorporar más decididamente la eficiencia y el ahorro para la
sostenibilidad.
La
Gestión de Calidad y la Sostenibilidad Social
El
autor se aventura en este difícil tema y, sin evadirlo avanza en
“dos tesis: la primera, que el concepto de sostenibilidad en la
administración pública está íntimamente ligado al de calidad de
los servicios públicos. La segunda, que la sostenibilidad de la
administración pública es solidaridad futura, durabilidad y
eficiencia a largo plazo, por lo que no debe entenderse ni centrarse
excesivamente en una de sus tres facetas, la medioambiental. Este
lado del triángulo es insostenible si no se conjuga con los otros
dos: el económico y el social.”
Eficiencia
para la Sostenibilidad Económica
Otro
tema delicado de tratar es el de relación entre la eficiencia y la
sostenibilidad económica. Aquí el autor sostiene que “la
Administración Pública gracias a la gestión de calidad ha podido
dotarse de un nuevo discurso que le ha permitido relegitimarse y
poner en valor su actividad, no ya como mera productora de servicios
públicos, sino también como responsable de facilitar un marco
necesario para el desarrollo económico equitativo y generar
prosperidad. Una Administración Pública, por otra parte, capaz de
favorecer la estabilidad institucional, la credibilidad de los
compromisos entre los distintos actores económicos, así como
favorecer las condiciones de competencia.”
Gestión
de Calidad y Sostenibilidad Medioambiental
Sobre
este particular, el autor cita a Parrado y Loffler, (2011) para
afirmar que “Existe una variedad notable de marcos de medición de
la sostenibilidad (GRI, IWA4, ISO/DIS 26000), por lo que es probable
que el desarrollo de un nuevo marco a partir de cero aporte poco
valor. Por el contrario, sería recomendable elaborar un marco común
de medición de la sostenibilidad basado en planteamientos que ya son
de uso generalizado, diseñando así un marco «suave» de
sostenibilidad para la Administración Pública, adecuado para la
evaluación interna y la elaboración de informes externos. Este
instrumento que debería ser capaz de integrar la sostenibilidad en
el sistema de gestión del desempeño de cualquier organismo público
y podría ser compatible con el uso de los Modelos de Excelencia.”
LA
INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE CALIDAD AL MARCO NORMATIVO. EL
DERECHO A LA GESTIÓN DE CALIDAD
A
pesar de que lógicamente existe un desarrollo dispar entre los
diferentes países, puede afirmarse que la Gestión de Calidad se
encuentra mencionada en la práctica totalidad de los ordenamientos
jurídicos iberoamericanos. Este hecho ha sido posible tras una
razonable consolidación de los cimientos institucionales de las
Administraciones Públicas Iberoamericanas. Así, la calidad ya forma
parte del primero de los principios de la Administración Pública,
cual es el principio de legalidad. Cabe decir en otras
palabras que la Gestión de Calidad se ha convertido en un
derecho, invocable por sus ciudadanos y que refleja la garantía de
seguridad jurídica frente a la discrecionalidad para demandar una
Gestión Pública de Calidad.
DECÁLOGO
DE PROPUESTAS PARA SEGUIR AVANZANDO
Convencido
de que los países iberoamericanos requieren de una administración
pública “imparcial, eficaz, eficiente, sostenible, legítima e
íntegra…”, el autor elabora un conjunto de proposiciones que
presenta a manera de decálogo con la intención de continuar “con
el impulso a la Gestión de Calidad, facilitar su implantación y
generar valor en las Administraciones Públicas Iberoamericanas:
1.
Incorporar explícitamente la Gestión de Calidad en los programas y
acciones de Gobierno y establecer las estrategias, estructuras y
mecanismos necesarios para implantarla en las administraciones
públicas.
2.
Hacer una Administración innovadora, accesible, abierta y cercana a
la ciudadanía, mediante la simplificación administrativa y el
acceso electrónico a los servicios públicos, sobre la base de la
gestión por procesos y del conocimiento, del desarrollo de equipos y
redes de trabajo, así como de la interoperabilidad entre
administraciones públicas y con otras entidades.
3.
Construir una Administración económicamente eficiente y sostenible,
por medio de la implantación de sistemas integrales de
planificación, gestión y control, la racionalización de
estructuras administrativas y planes de eficiencia y austeridad.
4.
En un entorno de gobierno multinivel, es necesario adoptar fórmulas
organizativas y de coordinación interadministrativa que garanticen
la ejecución efectiva de las políticas de calidad y mejora de la
gestión en los distintos niveles, sin menoscabo de la
descentralización política y administrativa.
5.
No es posible la mejora de la gestión pública, el logro de una
Administración con criterios de equidad, eficiencia y sostenibilidad
sin la aplicación sistemática y permanente del análisis y
evaluación de las normas, programas, planes y políticas públicas.
6.
Una Administración democrática, una Administración al servicio de
la ciudadanía debe garantizar no sólo el acceso a sus servicios,
sino la intervención participativa de aquella en su diseño,
desarrollo y evaluación.
7.
Ninguna reforma de la gestión pública es viable sin contar con su
elemento vivo e inteligente. El desarrollo de las capacidades de las
empleadas y los empleados públicos resulta vital, condición sine
qua non para una gestión pública de calidad.
8.
Las organizaciones públicas deben manifestar fehacientemente su
compromiso con la ciudadanía en general y con sus usuarios en
particular de diversas maneras, pero hay una que lo expresa de forma
singular, que son las Cartas de Servicios o Cartas de Compromisos.
9.
Las organizaciones públicas, como se ha visto, deben estar
orientadas a la ciudadanía, dirigidas con inspiración y servidas
por personas capacitadas, pero para estabilizarlas, para asegurar su
sostenibilidad es precisa la adopción sistemas de gestión de la
calidad (Modelos excelencia o Normas ISO).
10.
Todo lo que se haga, todo lo que se haya mejorado poco vale si no se
pone en conocimiento de su beneficiaria, que es la ciudadanía. Por
eso, la implantación de mecanismos formales de rendición de cuentas
a la Sociedad constituye el broche sin el cual quedaría incompleto y
vulnerable el ciclo de las nueve propuestas anteriores.
Yadira
Zerpa Vielma
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