jueves, 14 de febrero de 2013

MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PÚBLICA


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Modernización de la Gestión Pública.
Necesidad, incidencias, límites y críticas
Bajo el título de “Modernización de la Gestión Pública. Necesidad, incidencias, límites y críticas” se trata, fundamentalmente, el tema de la Nueva Gestión Pública en artículo publicado en el número 6 de la Revista Pecvnia correspondiente al año 2008 bajo la responsabilidad editorial de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de León en España.


Surgimiento y desarrollo de la Nueva Gestión Pública
El siglo XX tuvo eventos que marcaron de manera decisiva el desarrollo de la sociedad moderna, de ellos, dos resultaron marcadores del inicio de la Nueva Gestión Pública: La Gran Depresión de los años 30 y, la Segunda Guerra Mundial. Más allá de toda valoración histórica, política y de consecuencias económicas y sociales es menester reconocer que tuvo un impacto legitimador del papel del Estado en la intervención de los hechos de la sociedad en general y, de manera particular en los hechos económicos. Según los autores de este artículo “su consecuencia más evidente ha sido un cambio de orientación centrado, por una parte, en la ampliación de la capacidad institucional (desde el punto de vista cualitativo no cuantitativo) y, por otra, en la eficacia de la acción estatal para atender las necesidades de la población y el buen funcionamiento de los mercados.” Además señalan que “otra de las razones fundamentales que contribuyen a que no se pueda prescindir del Sector Público es que éste o las entidades que lo forman deben aportar a la comunidad económica las bases necesarias para mejorar su competitividad en una economía global.”
No obstante esa necesidad, se ha producido un acuerdo generalizado entre pensadores, académicos e investigadores en relación a la creencia de que el Sector Público “ha desarrollado una serie de disfunciones que tienen como resultado más significativo la falta de adaptación de las organizaciones públicas al contexto socioeconómico actual, lo que unido al incremento de su tamaño, de la actividad y del gasto público, ha ocasionado un aumento de la demanda de responsabilidad pública por parte de los ciudadanos.”
Superar esas disfunciones le planteó al propio Sector Público la urgencia de sumergirse en un profundo proceso de revisión y reforma con el propósito de pasar de una administración asistencialista soportada en la entrega de un conjunto de prestaciones y servicios de manera gratuita a ser una administración más adecuada al actual contexto mundial.
En resumidas cuentas “significa pasar de la cultura administrativa del gasto a la conciencia del coste, de la cultura del monopolio a la cultura de la competencia, de la cultura del ciudadano-servidor a la cultura del ciudadano-cliente, de la cultura de la burocracia a la cultura de la adaptación, de la flexibilidad, de la preocupación por la productividad y de la calidad en la provisión de los servicios, lo que obliga a la Administración a ser competitiva en el mercado”.
Este es el cambio en la visión de la Administración Pública que Hood (1991) denominó Nueva Gestión Pública y que ha merecido, en la misma consideración, importantes aportes de otros teóricos y además, el interés de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. “Estas instituciones han puesto de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una transformación intensa de la Administración Pública, mediante la revisión de sus fines y formas de funcionamiento y la creación de nuevas estructuras organizativas y funcionales que permitan cambiar las políticas y costumbres para adecuarse a los cambios rápidos que se están produciendo en la sociedad”
Los cambios recientes en el entorno del Sector Público colocó sobre el tapete la necesidad perentoria de “renovar la organización y las normas administrativas con el objetivo de conseguir una Administración Pública más moderna y competitiva.”
El origen de las reformas y, las reformas mismas se pueden explicar resumidos en los siguientes factores:
Factores económicos. Hacen referencia a la necesidad de ajustar los presupuestos tras la crisis del petróleo en los años setenta, a los problemas financieros con los que deben enfrentarse los gobiernos y a los desequilibrios presupuestarios.
Factores de carácter ideológico. Aquellos factores que influyen en la modernización de la gestión pública se centran básicamente en: (1) una mayor orientación hacia el ciudadano entendido como cliente, con la posibilidad de elegir libremente al suministrador del servicio y prestando mayor interés a sus necesidades y derechos; (2) una cada vez más clara separación entre la política y la gestión, diferenciando así, tanto sus responsabilidades como el papel a desempeñar por los distintos colectivos (políticos y gestores) y poniendo las tareas ejecutivas en manos de organizaciones creadas expresamente para ello; y, (3) el cambio de la posición ideológica en la división de roles entre el Sector Público y el Sector Privado, a través de nuevas formas de prestación de servicios públicos o fórmulas más cercanas a las técnicas de mercado en competencia con las empresas privadas.
Factores tecnológicos. Dentro de éstos hay que destacar principalmente el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información. La Administración Pública no puede quedar al margen de esta nueva «sociedad de la información», debe modernizarse continuamente adaptándose a las nuevas tecnologías a fin de mantener en todo momento la competitividad, optimizar la calidad de los servicios y mejorar su relación con los usuarios.
La tendencia hacia la NGP ha suscitado controversias que han dado lugar a numerosos problemas a la hora de su adopción generalizada. Algunos autores ven la NGP como una nueva forma de entender y de llevar a cabo las funciones en el Sector Público, es decir un cambio de paradigma, otros la conciben como una adopción simplista de las peores características de la gestión privada, no teniendo en cuenta las diferencias existentes entre ambos sectores.
La Nueva Gestión Pública, en su interés por modernizar la Administración Pública ha generado dos corrientes o formas de gestión. Ellas son: el enfoque neopúblico y el enfoque neoempresarial.

El enfoque neopúblico
Las características principales de esta corriente son: a) reforzar el concepto de ciudadanía, buscando recrear la legitimidad política; b) potenciar los valores de lo público, creando una cultura en la eficacia y eficiencia y en la ética; c) reconocer nuevos derechos a los ciudadanos; d) conseguir la satisfacción de los ciudadanos; e) actuar con principios como la universalidad y la igualdad y no como el economicismo y la gestión; f) incrementar la calidad y el número de servicios públicos; f) definir claramente aquello que se puede o no se puede externalizar, desde la perspectiva de las necesidades y derechos de los ciudadanos.

El enfoque neoempresarial
Pone énfasis en la economía, la eficacia y la eficiencia de las entidades públicas, al mismo tiempo que propone una clientelización de los ciudadanos.
Las características más destacadas de la corriente neoempresarial son: a) el Estado Relacional y la sociedad del bienestar, más que el Estado intervencionista y del bienestar; b) fomento del cambio de cultura en el interior para pasar de proveedor a intermediario; c) adopción del lenguaje y los conceptos del Sector Privado; d) acortamiento de las distancias en las relaciones entre Administración y ciudadanía; e) fragmentación en unidades más pequeñas con creciente autonomía en la gestión económica, patrimonial, laboral, etc.; f) materializaron a través de organismos con formas jurídicas alejadas, en mayor o menor grado, del Derecho Público.

Los límites teóricos de la Nueva Gestión Pública
Los teóricos defensores de la "Teoría de la Elección Pública" intentan reducir la Nueva Gestión Pública a una simple tecnología de reforma administrativa, en la cual los funcionarios no buscan el interés general, sino maximizar su utilidad personal, es decir, satisfacer sus intereses personales. También están aquellos autores comprendidos entre los economistas liberales o neoliberales que consideran que la Nueva Gestión Pública está asentada sobre dos hipótesis básicas con el objeto de reducir el Estado a la mínima expresión, dando lugar a dos limitaciones: la necesidad de introducir el mercado y la competencia en las Administraciones Públicas y, la voluntad de dar poder al usuario de los servicios.

Los límites prácticos de la Nueva Gestión Pública
Dentro de los límites prácticos destacan:
a) La descentralización de funciones y la delegación de poder a los agentes autónomos. La descentralización de funciones genera críticas, pues tiende a sobrecargar las organizaciones operativas con múltiples y, a veces, inconsistentes objetivos, creando una estructura desorganizada que a menudo avanza en diferentes direcciones al mismo tiempo.
b) La reforma de la gestión pública debilita el principio de «rendición de cuentas» al no existir, tal como se indica en el punto precedente, una coordinación entre la acción pública y los sistemas de información utilizados en cada nivel o agente autónomo.
Aun cuando Hughes (2003) está convencido de la mejora que supone la instauración de la NGP, acepta como válidas algunas críticas:
1. La base económica de la NGP. La aplicación de la Teoría Económica al Sector Público está mal concebida, puesto que no todos los individuos se comportan racionalmente y no todos los problemas gubernamentales son susceptibles de resolución a través de técnicas económicas, ya que éstas pueden presentar limitaciones ante ciertos problemas públicos.
2. La base en la gestión privada, debido a las grandes diferencias que existen entre el Sector Privado y el Sector Público, como por ejemplo la dificultad de determinar objetivos y medir resultados en el Sector Público, la ausencia de un indicador de beneficio para medir la gestión realizada en el mismo, etc. Si bien, es cierto que muchos de los principios organizativos utilizados en la Administración Pública provienen del Sector Privado.
3. El "Neo-Taylorismo", reprochando la vuelta a la gestión científica basada en la estandarización del trabajo, dejando de lado las relaciones humanas.
4. La politización. Una vez reconocida la importancia de la política en la Administración, la politización no debe ser un gran problema, no obstante, un exceso de la misma acarrearía una excesiva politización de las actuaciones públicas.
5. La escasa responsabilidad. Todavía no están claros los límites y tareas de los miembros de la organización, a pesar de que existe una mayor transparencia en la gestión pública y se ha incrementado la responsabilidad respecto al sistema anterior.
6. Dificultades con el contracting-out. La implantación del contracting-out no es una tarea sencilla para el Sector Público, pero su consideración por parte de los gestores públicos como herramienta útil para la gestión de servicios públicos puede generar disminución de costes y beneficios para la entidad.
7. Necesidad de normas éticas. La NGP asume una cultura de honradez. Tal vez, al ofrecer mayor transparencia puedan detectarse más fácilmente comportamientos no éticos o corruptos que en el pasado.
8. Implantación y problemas morales, ya que el trabajo de establecimiento de la NGP es diferente al de pensar que es buena idea. En este sentido, la cúpula de las entidades ha realizado esfuerzos, pero sin prestar la suficiente atención a la implantación, falta de adiestramiento del personal y medios, y existe una mala percepción de los cambios por el ambiente de incertidumbre en que se han producido.
9. Especificación confusa de lo que significa la NGP o «managerialism». En algunos países dichos términos llegan a ser en algunos aspectos despectivos, particularmente en Gran Bretaña, donde existe cierta hostilidad hacia éstos a favor del término «managerialist reform», que traducido al español significa «reforma de la gestión».
CONCLUSIÓN
A continuación transcribo las que, a mi juicio, resultaron las conclusiones más importantes expuestas por los autores en este singular y denso trabajo sobre la Nueva Gestión Pública.
La necesidad de intervención por parte del Sector Público en la economía de cada país se justifica por el conocimiento de fallos en el mercado, como la reducida competencia en algunos sectores, las externalidades que generan determinadas actuaciones, los mercados incompletos, el paro, la inflación, los desequilibrios sociales y ambientales, la distribución desigual de la renta y riqueza, entre otros. El objetivo de dicha mediación es disminuir los efectos negativos que tales situaciones producen en la economía y, como consecuencia, en el bienestar de los ciudadanos.
La Nueva Gestión Pública es una respuesta a la necesidad de adaptación de la Administración Pública al entorno socioeconómico reciente, puesto que el Modelo Tradicional de gestión pública no responde a los cambios que se van produciendo en los distintos países. Esta nueva forma de gestión origina un cambio de orientación y de cultura dentro de la organización, dirigida hacia el ciudadano como cliente y está basada principalmente en el ahorro y reducción de costes, en la evolución de las tecnologías y en la mejora de la cantidad y calidad de los servicios públicos.
La introducción de la Nueva Gestión Pública en las Entidades Públicas Locales, como entidades prestadoras de servicios y más próximas a los ciudadanos, supone una repercusión en la concepción propia de la entidad, tanto en la organización como en la forma de actuación, contribuyendo a que sean más claras, más abiertas a los usuarios, más innovadoras y menos centralizadas.


Yadira Zerpa Vielma


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